El caso Polette Vega

Axel Kaiser

El caso de la alumna Polette Vega, quien fue agredida por estudiantes de izquierda de su universidad por sus ideas políticas, merece una reflexión seria, pues es sintomático de un fenómeno mucho más extendido de lo que pudiera pensarse.

Lo primero y más evidente que el episodio confirma es la naturaleza totalitaria de la ideología que abrazan sectores crecientes de las nuevas generaciones, para quienes cualquier desviación de la doctrina que profesan es vista como una traición. Se trata, como antaño, de verdaderos fanáticos movilizados por la autosantificación, que han renunciado al diálogo racional por la total convicción de que deben depurar el mundo del mal que encarnan aquellos que no se someten a sus dogmas.

Interesante, en esta constelación de inquisidores, fue observar que las llamadas feministas no denunciaran las agresiones en contra de Polette ni exigieran una actuación decidida de parte de las autoridades en su defensa. Lo mismo podría decirse de otros grupos supuestamente defensores de derechos humanos. ¿Se imagina cómo habrían reaccionado si en la Universidad de Los Andes una alumna hubiera sido agredida por ser de izquierda y, como mucho, se le hubiera ofrecido no ir a la universidad para protegerla?

Un segundo punto, directamente derivado del anterior, es que, parte de la izquierda, por la esencia misma de sus creencias, no está dispuesta a respetar las reglas del juego democrático. Su proyecto es uno de justicia social, es decir, de transformar el mundo cueste lo que cueste. Esta es la lógica que subyace al activismo del ministro Sergio Muñoz, quien no duda en poner en cuestionamiento todo el orden constitucional chileno sobre la base de argumentos espurios para llevar adelante su agenda ideológica. Y es también el tipo de razonamientos que en el pasado inspiró los llamados “resquicios legales”, que bien sabemos cómo terminaron.

Tampoco hubo en el caso de Polette Vega, y este es un tercer punto, una reacción contundente de las autoridades de la Universidad de Chile, quienes la trataron como si fuera ella el verdadero problema. Pero sería un error pensar que la debilidad del rector Vivaldi es excepcional, pues la verdad es que refleja la abdicación que han hecho casi todas las autoridades políticas de nuestro país -y muchas judiciales- cuando se trata de aplicar el Estado de derecho. La impunidad de delincuentes, agitadores y de cualquier grupo que rompe las reglas es amplia, salvo, claro, cuando se trata de personas decentes que cometieron alguna falta.

El terrorismo en La Araucanía es el mejor ejemplo de esto. Gobierno tras gobierno han fracasado en aplicar la ley y reestablecer el orden por temor al costo político que pueda conllevar, mientras bandas de criminales que operan usando la marca de los mapuches se hacen del control de la zona.

El problema de todo esto es que, así como la Universidad de Chile se desprestigia arriesgando caer en una decadencia irreversible por permitir impunidad en casos tan graves como el de Polette Vega, el país completo seguirá el curso de degradación actual si no se frena a aquellos que han hecho de la violencia y la trampa el mecanismo para conseguir sus objetivos.

Esperanza no hay mucha, pues lamentablemente la clase política chilena parece haber olvidado la lección de que, como una universidad, la democracia es popular mientras produzca buenos resultados, y deja der serlo cuando el caos y la corrupción de sus instituciones reemplazan al orden, los avances y la civilidad que deben garantizar sus autoridades.